Susana Soto señaló que el alcalde Mauricio Viñambre podría ser acusado por notable abandono de deberes. “Esto pues la ley es clara y en su calidad de alcalde debe ordenar la demolición”.

En virtud de la potestad que posee tanto el Ministerio de Vivienda como las municipalidades, la dirigenta vecinal de Quilpué y directora de la ONG Acción Verde, Susana Soto Jorratt, solicitó la demolición de 34 viviendas emplazadas irregularmente en un sector definido como rural por los instrumentos reguladores, edificaciones que no cuentan con los permisos del MINVU ni del SAG.

La petición de la mujer que ha encabezado históricamente la defensa del Fundo El Carmen se fundamenta en la Ley General de Urbanismo y Construcción que señala que todas las edificaciones que se construyan al margen de la legalidad deberán ser demolidas, ya sea por orden de la municipalidad respectiva o del Ministerio de Vivienda.

NOTABLE ABANDONO

En ese punto, y al explicar que fue la propia Dirección de Obras de la Municipalidad de Quilpué que autorizó la edificación irregular de 64 viviendas en el sector norte, sector calificado como rural y ahora gravado como área verde por el Premval, Susana Soto señaló que el alcalde Mauricio Viñambre podría ser acusado por notable abandono de deberes.

“Esto pues la ley es clara y en su calidad de alcalde debe ordenar la demolición”, señaló Soto.

La dirigenta precisó que la demolición es al margen de las responsabilidades administrativas que determine la Contraloría General por el permiso de edificación en un sector restringido para la construcción de viviendas, a partir de la denuncia presentada por el seremi de Vivienda, Matías Avsolomich.

Lo anterior luego que el Municipio de Quilpué desplazó en más de 600 metros su límite al interior del sector rural en la zona norte de Quilpué y por tanto se ignora si allí también hay viviendas construidas, lo que deberá ser despejado por la Contraloría.

Fuente Anin.cl

Domingo 4 de Agosto de 2013

Anuncios